Los niños Camilo Sucerquia y Carlos Barrera, de 15 y 17 años respectivamente, familiares de firmantes del acuerdo de paz y William Pérez, conductor de un bus escalera, fueron las víctimas de la masacre cometida por grupos armados ilegales el pasado sábado 6 de junio en la vereda Quebrada del Medio, muy cercana al área de reincorporación ubicada en la vereda Santa Lucía, municipio de Ituango, en Antioquia.
Esta acción violenta se suma a otros hechos como el recrudecimiento de acciones bélicas por diferentes grupos armados que operan en la zona que han generado desplazamiento forzado, confinamiento, señalamientos, amenazas y asesinatos. Todas ellas han venido siendo denunciadas por la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca y por el partido Fuerza Alternativa Revolucionarios del Común FARC, con el agravante que han sucedido en una zona con un alto grado de militarización; hace menos de un mes y según el alcalde municipal de Ituango en el marco de un Comité municipal de Justicia Transicional el ejército “garantizó que todo el ETCR y la vereda Santa Lucía está protegida”[1]
Sin duda alguna, el avance en la construcción de la paz depende de la implementación de los acuerdos, pero falta voluntad gubernamental para el cumplimiento de lo fundamental: la protección de las comunidades. Además, debido a las amenazas las y los firmantes de la paz de esta zona esperan por más de 4 meses para ser reubicados, con lo que se evidencia además negligencia para el cumplimiento del Acuerdo en lo referente al acceso a la tierra, prioridad para un apropiado proceso de reincorporación.
Hoy llamamos a la multiplicidad de expresiones de la sociedad civil de nivel nacional e internacional comprometidas con los derechos humanos y la construcción de paz a unir nuestras voces y solicitar al gobierno colombiano:
Cumplimiento pleno del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Garantizar la protección a la vida e integridad de las comunidades campesinas de Ituango afectadas por los hechos violentos, dando prioridad a mecanismos que contemplen la presencia civil del Estado.
Detener el exterminio al que están expuestos las y los firmantes de la paz quienes han perdido hasta el momento a 10 de sus integrantes de esta zona. Proteger con garantías reales también a sus familias.
Resolver en el menor tiempo posible lo inherente al acceso a la tierra y cumplir el compromiso de reubicación para las y los firmantes de paz.
Información suministrada por: Proyecto De la Guerra a la Paz, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia IELCO.
Casa Reconciliación y Formación para la Paz, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia IELCO – Emaús, Iglesia Luterana de Medellín.